LIBERTAD E ILEGALIDAD (que no igualdad)

En este texto de Foucault, de su Vigilar y castigar (1975), se manifiesta claramente que para que funcione adecuadamente el mecanismo del laissez faire, laissez passer, base de la libertad económica, es decir, para que el mecanismo sea provechoso para quien lo opere, es imprescindible que se desarrolle en un escenario de desigualdad, incluso de desigualdad legal, aunque formalmente esa desigualdad nunca conste por escrito en las legislaciones.

El capitalismo precisa de la libertad individual, pero no funciona si todos los individuos son igualmente libres, esto es, si su existencia se desarrolla en condiciones sociales y económicas equivalentes. El capitalismo se alimenta de la desigualdad, porque solo así unos (que disponen de capital) pueden someter a otros (que no disponen) a las condiciones adecuadas para generarles beneficios. Así que de ninguna manera puede hablarse de un contrato o pacto entre dos personas libres e iguales. Esa es la gran mentira del neoliberalismo libertario.

Pero hay que disimular la desigualdad. La igualad en el capitalismo es solo formal, está plasmada en las leyes, pero no en la realidad. El capitalismo necesita de la desigualdad tanto como del capital en todas sus formas. La desigualdad es su fertilizante, su catalizador, sin ella no obtiene frutos. Pero ha de ocultarla, ha de parecer que todos somos individuos libres, dado que todos tenemos iguales derechos; no puede traslucirse que la libertad tiene un componente social y económico que le es esencial, que unos son más libres que otros porque disponen de unas condiciones económicas diferentes, privilegiadas. Y esto vale tanto en el ámbito democrático e intranacional, como en el ámbito de la relaciones internacionales.

El mérito de Foucault radica en haber evidenciado el momento en que se da esa maniobra de la burguesía para ocultar la desigualdad, desde la base del derecho penal, en la catalogación y persecución del delito, así como en la vigilancia sobre los determinados estratos sociales. Advierte que el derecho penal actúa estrictamente cuando se trata de las clases bajas y los delitos comunes, pero laxamente cuando se trata de las clases dominantes y sus representantes políticos. Y esto vale para el presente.